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Acuerdo con la Plataforma de Afectados por Lanbide
01-03-2016 | comentarios: 0 | Ayuntamiento de Lasarte-Oria
El Alcalde, Jesus Zaballos, presenta el acuerdo de colaboración con la Plataforma de Afectados por Lanbide con el objetivo de apoyar el trabajo de asesoramiento de la plataforma y ayudar a los lasarteoriatarras afectados por este problema.
Acompañado por Vicky Molina y Josean González, representantes de la Plataforma y de la Concejal de Servicios Sociales, Lourdes Acevedo, Zaballos ha explicado la problemática que se trata de atender y ha desgranado los términos del acuerdo.
La PAL y el Ayuntamiento mediante este acuerdo quieren apoyar a las personas afectadas por los expedientes abiertos por Lanbide para la devolución de pagos indebidos a perceptores de la RGI que conlleva la pérdida de unas ayudas que son vitales para que dichas familias puedan llevar una vida digna. Los objetivos son prevenir la supresión de la ayuda, negociar la cuota de devolución y en el caso de suspensión de la ayuda, ayudar a su reactivación remarcó la técnico municipal.
Zaballos quiso dejar claro que la responsabilidad de lo ocurrido es exclusivamente de Lanbide, quien por errores de gestión ha realizado unos pagos, ahora indebidos, que reclama por sorpresa a estos perceptores. Acevedo considera grave que la información de la supresión de ayudas a estas personas no se comunique previamente a los servicios de base, dejando desamparadas y en situación de vulnerabilidad a muchas personas y familias.
Los representantes de la PAL agradecieron al Ayuntamiento su apoyo, en el que han sido pioneros, reclamando que no sea el último y que más municipios se sumen ya que se calcula que hay 80.000 familias afectadas en toda Euskadi. Destacaron que es un trabajo en pro de la dignidad humana. Se ha comprobado que cuando existe asesoramiento técnico las deudas reclamadas por pagos indebidos se reducen sustancialmente.
El Ayuntamiento está interesado en promocionar la actividad de la PAL, en cuanto favorece la defensa de los derechos económicos de los perceptores de la RGI y PCV. El Alcalde agradeció el esfuerzo realizado por este colectivo en defensa de las personas más desfavorecidas.
El acuerdo, primero que se presenta en Euskadi y que tendrá forma de convenio, implica que:
- Los servicios sociales municipales podrán derivar a los servicios jurídicos de la PAL a aquellas personas que tengan o hayan tenido un problema con sus prestaciones por RGI o, en su caso, con otro tipo de ayudas sociales, y que les suponga o pueda suponer una pérdida de sus derechos económicos.
- Los servicios de la PAL atenderán, de forma preferente, a las personas que sean remitidas por los servicios sociales municipales, procurándoles la asistencia individualizada.
- El Ayuntamiento redactará un protocolo de actuación para canalizar la atención al afectado. En la medida de sus posibilidades, facilitará un espacio en las propias dependencias municipales para efectuar la primera asistencia.
- La PAL remitirá al Ayuntamiento un informe sobre la situación de cada afectado, al objeto de aportar a los servicios sociales municipales información sobre sus derechos económicos que facilite la adopción de las medidas que considere necesarias en cada caso.
- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria concederá en el año 2016 una subvención de 3000 € para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de la PAL.
La PAL es una asociación ciudadana que se organizó en Gipuzkoa a través de las redes sociales como reacción espontánea a los primeros envíos masivos efectuados por Lanbide en el año 2014, en el marco de una supuesta operación antifraude. La realidad ha demostrado que estos miles de expedientes abiertos no tratan de actividades fraudulentas si no de simples ajustes por pagos indebidos efectuados por la administración. La oficina del Ararteko ha atendido centenares de quejas por estas causas y ha emitido Recomendaciones que ha dirigido a Lanbide, al objeto de que evite las malas prácticas administrativas.
A pesar de su corta existencia, la PAL ha conseguido con su actividad de denuncia poner en la agenda política los graves problemas económicos que las malas prácticas administrativas de Lanbide producen en miles de familias a las que la crisis ha sumido en el desempleo y en la precariedad laboral.
El primer fruto de esta labor de denuncia se encuentra en la aprobación en el Parlamento Vasco, y por unanimidad, de la Proposición de Ley 72/2015, de 6 de junio, por la que se insta al Gobierno Vasco para que implemente los procedimientos adecuados encaminados a minimizar los efectos de los errores en la gestión de Lanbide, siendo entre ellos el más importante el de establecer una cuota social de 30 € para facilitar las devoluciones de los pagos indebidamente efectuados por LANBIDE.
Las familias afectadas subsisten gracias, en todo o en parte, al derecho a las prestaciones por RGI y PCV de las que son titulares, por lo que cualquier disminución de sus ingresos mensuales les sitúa en el borde de la exclusión social. En este sentido, la asistencia jurídica que, de forma gratuita, la PAL viene proporcionando a todas aquellas personas que lo solicitan, fundamentalmente de residentes en Gipuzkoa, aunque también se ha asistido telefónicamente a personas de otros territorios históricos, ha evitado en numerosas ocasiones que los derechos económicos de los afectados se vean quebrados.
La PAL presta una atención a la persona afectada en un doble ámbito:
- En el plano jurídico, se estudia de forma individualizada cada caso y se preparan las alegaciones y/o el recurso de reposición correspondientes. En caso de que sea necesario acudir a la vía contencioso-administrativa, se acompaña a la persona en la tramitación de la justicia gratuita para que se le asigne un abogado de oficio y se le asiste hasta el final del proceso.
- En el plano personal, se atiende al afectado de forma individualizada, dándole apoyo y contención emocional, poniéndole en contacto con otros afectados e invitándole a participar en las actividades de la asociación.
Los Servicios Sociales municipales vienen atendiendo desde 2014 peticiones de ayuda de personas perceptoras de prestaciones por Renta de Garantía de Ingresos a las que LANBIDE les reclama cantidades cuyo origen desconocen, así como por suspensiones o extinciones de su derecho a la RGI o PCV, y que habitualmente dejan en situación de desamparo económico a estas personas y a sus unidades convivenciales.
